12 abuztua 2017
[Actualización: 12 de abril de 2018]
Desde el 1 de julio de 2017 aparece otro concepto en las facturas de la luz, que es el Bono Social.
Tal y como os informamos en la documentación de la última Asamblea, desde julio de 2017 empezamos a ver reflejado en las facturas de la cooperativa el Bono Social, ya que la ley obliga a todas las comercializadoras a financiarlo.
Actualmente tan sólo pueden ofrecer el Bono Social las Comercializadoras de Referencia (anteriormente conocidas como Comercializadoras de Último Recurso) que ofrecen la tarifa regulada PVPC o "Precio Voluntario al Pequeño Consumidor", (que antes se llamaba TUR o"tarifa de último recurso"). Desgraciadamente, en Som Energía no podemos aplicar el Bono Social establecido por el Gobierno, porque somos una comercializadora del Mercado libre y no del Mercado eléctrico regulado.
Som Energia, siguiendo la normativa, comenzó a pagar el Bono Social a finales de diciembre de 2016. Los primeros meses, la cooperativa hizo frente a este cargo gracias al superávit de 2016, sin trasladarlo a las facturas, pero en 2017 la situación ya no era viable y se empezó a trasladar este coste a las facturas de la luz.
La Financiación del Bono Social supone un importe aproximado de 0,025 € / día (0,75 € / mes) reflejado en nuestras facturas de electricidad desde el 1 de julio de 2017.
Este cálculo se hizo en base a lo que la cooperativa fue pagando los primeros meses del año 2017, el primer trimestre de ese año se pagaron 65.000 € por 30.000 clientes, que son los que la CNMC estimó que teníamos.
Hasta finales del año 2016, el Bono Social recaía sobre las empresas que llevaban a cabo, simultáneamente, las actividades de distribución, comercialización y generación. Una sentencia del Tribunal Supremo obligó al Ministerio de Industria a elaborar un nuevo método de financiación, donde las familias eran las principales afectadas y que sacamos a la luz mediante un comunicado que subscribian también 5 otras cooperativas eléctricas.
Con el nuevo reparto, todas las comercializadoras financian el Bono Social en función del número de contratos de electricidad, sin tener en cuenta la energía utilizada. Para ilustrarlo: con el nuevo reparto, una fábrica contribuye por igual que una familia al Bono Social.
Por poner un ejemplo, si una empresa con 50 clientes industriales ha comercializado 30.000 GWh de electricidad en un año, contribuirá con un total de 450 € en concepto del bono social. En cambio, los 50.000 clientes de una cooperativa como Som Energia con sólo 100 GWh utilizados, deberán contribuir con 450.000 € para ese mismo año y concepto.
Siguiendo este ejemplo, si el criterio de reparto del bono social fuera el volumen de ventas, los 50 clientes, mayoritariamente industriales, deberían haber contribuido con cerca de 10 millones de euros, mientras que los clientes de Som Energia, mayoritariamente domésticos, habrían aportado 32.000 € ese mismo año.
Si supuestamente el Bono Social es una ayuda para las personas más desafavorecidas, en lugar de financiarse a través de la factura, nuestra propuesta es vehicular la defensa de los consumidores vulnerables a través de los Presupuestos Generales del Estado o, en todo caso, que esta carga sea repartida entre aquellos actores del sistema eléctrico según su capacidad económica.
En Som Energia consideramos que el peso de la financiación del bono social no debe recaer sobre los pequeños consumidores domésticos. Por ello, a fecha del 4 de abril de 2018, hemos presentado una demanda ante el Tribunal Supremo donde exigimos que el gobierno declare nulo el mecanismo de financiación previsto en el Real Decreto 897/2017. Os mantendremos informados de las novedades.
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